POR FRANCISCA MAYORGA
FOTOS DE DEDVI MISSENE

En agosto de 2018 una nube tóxica se posó sobre Quintero, en Chile. Más de 1700 personas terminaron en el hospital. Ahora el gobierno realizará exámenes toxicológicos, para medir plomo y arsénico en sangre y orina. Esta una ‘zona de sacrificio’, donde las empresas tienen permitido contaminar. Allí las principales causas de muerte son infarto agudo al miocardio, tumor maligno del estómago y tumor maligno de los bronquios o pulmón. 

“Los niños están cayendo como moscas”, le dijeron a María Araya, por teléfono, la mañana del 21 de agosto del 2018. Los estudiantes del liceo politécnico de Quintero, en la costa central de Chile, se desmayaban en el piso durante el creo.

En ambulancias los llevaron a urgencias. No eran los únicos, recuerda María, presidenta del consejo de salud del hospital de Quintero.

Sentada en el living de su casa, esta mujer de 49 años explica que los desmayos empezaron en el politécnico, “pero después ocurrió lo mismo en el colegio Santa Filomena, el Orione y el Alonso de Quintero”.

La nube tóxica, como nombraron a esa vaguada costera envuelta en gases, descendió y “se acomodó en el centro de Quintero, porque no había viento”.

En un par de horas el único hospital de esa zona de sacrificio colapsaba, no solo con niños: también ancianos y profesores acudían con vómitos, dolores de cabeza y pérdida de sensibilidad en sus brazos y piernas.

En las comunas de Quintero y Puchuncaví, el “Chernobyl chileno” –como denominó la prensa internacional–, la población convive desde los ‘50 con un parque industrial que no da tregua: 15 empresas del rubro energético contaminan agua, aire y tierra.

“Cuando vives en una zona de sacrificio tienes varias complicaciones: cáncer, de diferentes tipos, y tumores en la cabeza” dice María. Hace 9 años, su hija mayor –quien hoy tendría 30– murió de un tumor cerebral.

“Mi hija me duró 27 días. Un día llegó hablando mal (…). Yo nunca quise indagar más (…) en ese momento estábamos todos dormidos con el tema de la contaminación”.

Por eso, cuando explotó la crisis, ella, que es una mujer fuerte, con 20 años de dirigencia en el cuerpo, se quebró. “Yo veía a los padres, con sus hijos enfermos, sin saber qué les pasaba. Los veía y entendía su desesperación”.

De inmediato hubo protestas. Los más jóvenes cortaron las calles. Otros acamparon en la plaza. Se levantó un cabildo. Los vecinos elaboraron panfletos: exigían paralizar el parque industrial “hasta tener certeza sobre la culpabilidad empresarial por el envenenamiento de nuestra población”.

Los días pasaron, las empresas no pararon y las consultas aumentaron. Una segunda hija (26) de María también se enfermó. Tenía ganas de vomitar y no sentía las manos, piernas y cara.

“Y se empezó a desesperar. La llevé cargando al hospital. Allí le pusieron suero y algo para el estómago, pero el adormecimiento no se iba. Pasaron tres, cuatro horas, hasta que se le pasó. El suero iba limpiando la sangre”.

Fueron muchísimas las atenciones. Cientos. No solo gente de Quintero, también llegaron enfermos de Puchuncaví. Para dar abasto, el gobierno tuvo que instalar un hospital de campaña. Hasta que el 27 de septiembre -38 días después de las primeras intoxicaciones- el Presidente decretó una alerta sanitaria que, entre otras medidas, obligó a las empresas a disminuir sus emisiones.

Solo así la situación comenzó a decantar.

En poco más de tres meses, y según registros oficiales, 1.770 personas consultaron por síntomas de intoxicación. El 63% tenía menos de 20 años.

En ese grupo se encontraban los tres nietos de Emilia Palma (62), ganadera de cabras en un fundo de Quintero.

El 23 de agosto tuvo que recoger del colegio a su nieto mayor (16) porque “no sentía las piernas. En el hospital le pusieron oxígeno, porque la respiración se le complicaba. Fue horrible”. Al mismo tiempo, su hija la llamaba para contarle que iba camino al consultorio. “Llevaba a mi nieta, de 6 años, porque estaba con taquicardias y dificultad para respirar”.

Una semana después se enfermó su tercera nieta, de 12. Con vómitos y dolor de cabeza la llevaron directo al hospital.

A los tres hermanos, sin distinción, les detectaron gastritis y cefalea. “A casi todos los intoxicados les pusieron el mismo diagnóstico, pero era la contaminación de las empresas” dice Emilia.

Dos años después, sigue sin saber con exactitud qué enfermó a sus nietos.

Tras solicitar información pública, bajo el amparo de la Ley de Transparencia, el Ministerio de Salud (Minsal) informa un diagnóstico incierto:

Los síntomas de los pacientes fueron descritos por los especialistas que atendieron la emergencia, como “un cuadro clínico más bien inespecífico, con predominio de sintomatología irritativa neurológica, presente casi en la totalidad de pacientes afectados”.

Consultado por el origen de las intoxicaciones, el 21 de agosto del 2020, el representante del Ministerio en la zona, Francisco Álvarez, dijo por videoconferencia:

“Entregamos todos los antecedentes e información que requirió la fiscalía, para determinar las causas de ese lamentable hecho”.

Será la fiscalía, dijo Álvarez, la que determine qué enfermó a la gente el 2018. Un órgano autónomo, encargado de investigar delitos, y no el Ministerio, cuya misión es “fortalecer el control de los factores que puedan afectar la salud” de las personas.

Por ahora, la fiscalía apunta a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). El 2019 acusó a 6 ejecutivos por el “inadecuado manejo” de 140 mil m3 de crudo iraquí. Ello habría provocado la emanación de gases y la intoxicación de las personas.

Para María, ya no queda mucho por hacer. “Aquí no vas a encontrar responsables”, dice decepcionada. No se midió, en su momento, la contaminación en el cuerpo de las personas intoxicadas.

Plomo en sangre, arsénico en orina

Más allá de la crisis que provocó la nube tóxica, el Minsal informó a La Tercera que llevará a cabo el estudio –vía licitación– “Situación de salud en habitantes de las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón asociado a determinantes de la salud, 2020”.

La investigación tendrá una duración de 12 meses y analizará si existe asociación entre los contaminantes “y otros factores particulares que incluye evaluación de salud, exámenes clínicos y toxicológicos (plomo en sangre, arsénico en orina) y evaluación de variables socioambientales, cuyas bases fueron aprobadas por los representantes de la comunidad”.

Su objetivo: conocer la prevalencia, características y factores de riesgo de enfermedades en la población de la zona (mayor de un año). Las bases de la licitación ya fueron publicadas y la “recepción de la oferta” cierra el 5 de febrero.

En las tres comunas –informó el Ministerio por Transparencia– las tres principales causas de muerte fueron, entre 2010 y 2017, infarto agudo al miocardio, tumor maligno del estómago y tumor maligno de los bronquios o del pulmón.

En Quintero, además, entre 2007 y 2016 destacaron egresos hospitalarios “por enfermedad respiratoria aguda en niños de 0 a 4 años”. Y en Puchuncaví, el “aumento del 33,3% en las tasas de egreso para tumores malignos”.

Mientras tanto, y aunque la zona no está en cuarentena por la pandemia del coronavirus, los habitantes procuran permanecer encerrados.

Cuando las condiciones de ventilación son “desfavorables”, el gobierno activa un protocolo que obliga a las empresas a tomar medidas de resguardo. Así lo establece el plan de descontaminación, vigente desde 2019. Entre el 1 y el 14 de diciembre, el protocolo rigió 12 días, por 10, 8 o 6 horas.

Porque cuando no corre el viento, la nube puede volver a caer sobre Quintero. “La nube siempre está. El tema es con qué densidad. Y si hay viento que se la lleve”, explica María.

Al menos desde el 10 de junio del 2019 no han ocurrido nuevos episodios de contingencia ambiental. Y ahora el hospital cuenta con un protocolo “en caso de que se susciten nuevos episodios”, dice el Minsal.

Sea como sea, y pese a que algunas personas han optado por migrar, la dirigenta dice que por el momento se quedará en el territorio, resistiendo: “Yo voy a dar hasta que me canse. Si bien la naturaleza es sabia, y se recupera, la vida humana no. Las enfermedades se quedan”.

Por eso, desde el consejo de salud, y junto a otras organizaciones locales, seguirá trabajando por una mejor calidad de vida para todos. Exigir nuevas y mejores normativas ambientales. Y que las empresas que no tienen permiso ambiental (por su antigüedad) se sometan a evaluación.

“Yo espero que los niños puedan salir tranquilos a jugar y a correr. Que tengan un futuro, porque esto va a terminar como Chernobyl, si sigue igual”.