La pandemia se convirtió en una doble amenaza para quienes alquilan: por un lado, el problema sanitario y, por otro, el miedo a terminar en la calle. Al no generar ingresos, se atrasan los pagos mensuales y se arriesgan al desalojo, muchas veces violento. La mayoría de los países de la región no tomó medidas de protección a tiempo.

Informes: Francisca Mayorga, Gabriela Cáceres, Mariela Castañón, Edgar Leyva y Jessica Tamyres dos Santos 

Los niños de 3 y 4 años vieron desde las ventanas de su departamento cómo desalojaban a uno de los comerciantes que tenía su local de venta de pollo abajo del edificio donde vivían. 

—¿Por qué le avientan sus cosas? —le preguntó el mayor a su abuela Laura—. Yo no quiero que me avienten a la calle mis juguetes. 

Laura García Vázquez, de 53 años, su esposo y su hija vivían en ese edificio de la colonia Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, desde hacía más de dos décadas. Pero la dueña falleció y su sobrina, quien se presentó como la heredera, les pidió a todos los inquilinos desalojar el inmueble porque iba a venderlo.

“Nunca nos demostró, con un documento, que ella era realmente la heredera, así que nos fuimos a juicio”, dice Laura. El 8 de mayo de 2021, después de perder el pleito legal, abandonaron el edificio. No esperaron la notificación formal. Laura no quería que sus nietos vivieran el trauma de un desalojo forzoso como el que había sufrido su vecino comerciante.

Después de nueve años de juicio y en plena pandemia, cuando ninguno de los integrantes de la familia tiene un trabajo estable, tuvieron que salir de su casa. 

En México, ni el gobierno federal ni los de los diferentes estados adoptaron medidas para frenar los desalojos durante la pandemia. En 2020, solo en la capital del país hubo 442 desalojos derivados de juicios en juzgados civiles, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a partir de una solicitud de acceso a la información realizada para este artículo.

Además, hubo 154 desalojos por juicios en materia civil, que no tienen que ver con la falta de pago del alquiler. La cifra total es significativamente más baja que el promedio de 3 mil desalojos que hubo en años previos a la pandemia. Esta reducción no se debe a medidas de protección por parte del gobierno para quienes alquilan: se debe al cierre de los juzgados, durante meses, por las medidas de confinamiento, explica María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional del Hábitat.

En cuanto los juzgados volvieron a abrir, los juicios se reactivaron. En los juzgados civiles de proceso escrito hay registrados, de enero de 2020 a febrero de 2021, 13.412 juicios especiales hipotecarios.

A la cifra oficial de desalojos hay que agregarle los desalojos por mano propia que hacen, sin proceso legal, los dueños de viviendas y los desalojos invisibles de personas que, frente a la dificultad de pagar, deben abandonar sus casas, como en el caso de Laura y su familia. Esos no están contabilizados en ningún registro. 

Los que implementaron medidas 

En América Latina, uno de los pocos países que implementó medidas tempranas para frenar los desalojos y ayudar a las personas a pagar su alquiler fue Argentina. 

El presidente Alberto Fernández aprobó dos decretos que establecieron una serie de medidas económicas y sociales que, entre otras cosas, congelaron el cobro de alquileres y créditos hipotecarios vencidos por 10 meses y suspendieron desalojos por falta de pago. La reglamentación incluía una excepción: el congelamiento de pagos no era aplicable en aquellos casos donde los propietarios dependían de ese alquiler para cubrir las necesidades básicas de su familia.

También prorrogó la vigencia de los contratos de arrendamiento que vencieron antes del 31 de enero de 2021, y estableció que no podrían aplicarse intereses u otras penalizaciones en estos contratos. Hasta entonces las deudas generadas por falta de pago, pagos retrasados o pagos parciales podían pagarse en tres o seis cuotas. 

El primero de abril de este año todas las medidas quedaron sin efecto, aunque la crisis sanitaria no ha terminado y los empleos perdidos no se han recuperado. La asociación Inquilinos Agrupados, en representación de la Federación de Inquilinos Nacional, presentó un amparo a la Justicia solicitando la suspensión de los desalojos.

“Presentamos un amparo y una medida cautelar para que la justicia le pida al Estado que frene los desalojos hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda. Sin vivienda, hoy se pone en riesgo la vida”, explicó Gervasio Múñoz, de Inquilinos Agrupados.

En Colombia, el gobierno de Iván Duque estableció medidas económicas especiales para el alquiler de inmuebles con fines habitacionales o comerciales durante la primera parte del confinamiento oficial, que duró desde el 15 de abril hasta el 30 de junio del 2020. En ese plazo se suspendieron los desalojos; se aplazó el ajuste anual de los alquileres y se  estipuló que las partes involucradas debían llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de rentas.

Para enfrentar el déficit de viviendas, que se agudizó con la crisis sanitaria y económica, en julio de 2020 el gobierno de Chile autorizó postergar hasta seis meses el pago de créditos hipotecarios para viviendas de hasta $285 millones (unos 353 dólares). 

También dispuso la entrega de 50 mil subsidios de alquiler para quienes demostraran una caída en los ingresos del 30 por ciento y cuyo alquiler no superara los $300 mil (los 411 dólares). Luego, en agosto de 2020, simplificó los requisitos para postular a este subsidio.

En Brasil las medidas de protección se demoraron. Recién el 18 de mayo de 2021, más de un año después del comienzo de la pandemia, la Cámara de Diputados aprobó una ley que prohíbe los desalojos y las mudanzas forzosas durante la pandemia. La medida incluye a quienes no puedan pagar el alquiler.

Los datos de la Campaña Cero Desalojos señalan que más de 72 mil familias en Brasil están en riesgo de perder sus hogares.

El gobierno de Cuba no dispuso ninguna medida para frenar los desalojos ni para ayudar a las personas en el pago del alquiler. Muchos de los inquilinos no tienen contratos: arrendador y arrendatario hacen acuerdos informales. No hay cifras de cuántas personas están en esa situación. Los que tuvieron suerte llegaron a un acuerdo con su casero para los pagos.

Otros países como El Salvador y Guatemala solo dieron apoyos de diferentes tipos a familias vulnerables y pequeños negocios. Muchos, como Laura, no alcanzaron a ser beneficiarios de ninguno de esos programas.

El impacto de los desalojos

Para Laura y su familia hoy es imposible rentar en la colonia Obrera, donde vivieron casi toda su vida.

—Es triste, ¿no? Porque una cuarta parte de mi vida viví aquí y sí te pega. Aquí crecieron mis hijos, estaban creciendo mis nietos —dice Laura. 

Las rentas en la zona están alrededor de 10 mil pesos (unos 500 dólares). El ingreso que ellos tienen por ahora es solo la pensión del esposo de Laura, que es de 8 mil 900 pesos (poco menos de 450 dólares). La hija se quedó sin empleo por la pandemia. Laura apenas ha vuelto a su trabajo de limpieza en una casa, donde la emplean solo dos días a la semana. A veces, cuando puede, vende ropa o comida. 

La renta en el nuevo departamento al que se mudaron está en 8 mil pesos (unos 400 dólares). Eso consumirá la pensión de su esposo. Laura y su hija tendrán que conseguir el dinero para el resto de los gastos. 

Este artículo es parte de El último techo, un especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado.