Con las nuevas disposiciones sanitarias, la policía redobló el acoso a los trabajadores independientes, cuya actividad explica el 30% del PBI de la isla, según estimaciones de su gremio. En un país con 1,5 millón de personas sin un empleo formal, hay quienes siguen saliendo a las calles a vender sus productos, a pesar de las multas, las confiscaciones y las detenciones.

Richard Ferrer Betancourt siente que hace dos años camina sobre el filo de una navaja: es cuentapropista, uno de esos emprendedores que desde pequeño siente pasión por la gastronomía. Tenía 22 cuando ganó sus primeros 17 dólares en un solo día y sintió que entre sus manos amasaba una fortuna, en comparación con los 14 dólares mensuales que le pagaba el gobierno en su antiguo empleo. Disfrutó tanto el éxito de su negocio que al llegar a casa no resistió la tentación de lanzar los billetes al aire para contemplar cómo caían lenta y desordenadamente sobre el viejo sofá donde dormía, en un apartamento de la calle Aponte en su natal Habana Vieja.

Pero en estos días nada es igual. El gobierno cubano se esconde tras la llegada del nuevo coronavirus para justificar la represión policial que, como en otras épocas, vuelve a la escena contra el sector privado. “El gobierno nos da una licencia, supuestamente, para estar legal, ¿Y de qué nos sirve? De nada, porque seguimos flotando en la ilegalidad”, dice Richard. 

A pesar de su éxito como trabajador independiente, Ferrer teme que la estabilidad económica de la que ha disfrutado durante los últimos años vuelva a desmoronarse. Y es que, a diferencia de sus primeros 17 dólares al día, hoy gana 60, una suma para nada despreciable, si se tiene en cuenta que un trabajador del sector estatal en la Isla gana como promedio 20 dólares mensuales. Esto le permitió remodelar su vivienda, elevar su nivel de vida y hasta expandir su negocio.

Ferrer cuenta que mientras él vende sus pasteles caseros en las calles de la comunidad de Jesús María otros dos trabajadores conforman el equipo de dulceros. Desde las 3 de la madrugada, comienza el movimiento en una rústica cocina, en turnos de 10 y hasta 12 horas, en días alternos, donde sus ayudantes se encargan de mezclar harina, azúcar, manteca, sal y el relleno de coco o guayaba para elaborar la masa con la que elaborarán los más de 150 pasteles que serán vendidos por Ferrer entre los clientes que ha conquistado. La dura jornada termina cuando haya vendido el último pastel.

Recostado sobre el balcón en su apartamento, ahora Ferrer piensa cómo poder evitar los tiempos difíciles que se avecinan.Richard teme que la llegada de la pandemia le brinde al gobierno cubano la excusa perfecta para recrudecer la represión contra los emprendedores y traer nuevamente contra el sector privado el fantasma de la operación “Maceta”, cuando en 1993 las fuerzas de seguridad lanzaron un operativo de búsqueda e incautación contra quienes tuvieran “dinero ilícito” fruto del comercio por fuera de las autorizaciones del estado cubano. En el argot popular, un “maceta” es una persona que ha prosperado económicamente fuera del control estatal. 

Aunque solo era un niño en los 90, Richard recuerda las anécdotas de su padre, quien tuvo que cerrar la cafetería que tenía la familia en la calle Apodaca, víctima de las redadas policiales. Su temor no es infundado: antes de llegar la pandemia, Richard fue multado en cinco ocasiones y conducido hacia la estación policial de Dragones dos veces. El 29 de diciembre fue escoltado por policía de la motorizada supuestamente por estar fuera de su área, a pesar de que su licencia le autoriza a pregonar de manera ambulante, perdiendo media jornada en su día de trabajo.      

Le teme especialmente al “Chino”, un agente que trabaja en Jesús María y que entre sus labores se encarga de investigar al sector privado, lo que es considerado como el principal freno a los emprendedores. El 22 de mayo, mientras vendía sus pasteles en la avenida Monte, fue abordado por el Chino, a quien le mostró su licencia de vendedor ambulante. Pero por las nuevas disposiciones, estar a tono con la ley va más allá de mostrar una tarjeta convertida en licencia, aunque sea extendida por la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT). Haciendo alarde de su autoridad frente a los clientes que allí se encontraban, el agente le pidió a Richard que le acompañara para interrogarlo. Debía aclarar el origen de los materiales con que elabora los dulces. 

“Ahora mismo el gobierno cubano no garantiza un mercado mayorista, ni el derecho a importar materiales esenciales para el desarrollo de trabajadores que aportan el 30 % del PIB a la economía nacional, unos 3.000 millones de dólares”, declaró en mayo la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), que trabaja con denuncias de represión a cuentapropistas como las de Richard Ferrer.

Episodios como estos hacen que desde ese gremio aseguren que el trabajo por cuenta propia en la isla, aunque está reconocido por la Constitución y está en proceso de crecimiento continuo, carezca de garantías legales para ser ejercido. 

Para Osvaldo González, sindicalista independiente en la capital, “este incremento del Trabajo por Cuenta Propia en el país se debe a que la economía en Cuba está floja y los trabajadores quieren subsistir por sus medios para no depender del Estado”. Por su parte, Miriam Castanero, trabajadora independiente de La Habana, define al cuentapropismo como “una forma de desvincularse totalmente de las ataduras del gobierno”. “A pesar de nuestra licencia acosada y discriminada, por parte de los inspectores, somos los que estamos levantando la economía del país”.

Miriam es amiga de Richard, lo ha visto crecer en las calles del barrio y admira su expansión en el negocio. Ella también conoce cuán duro es el arte de atraer clientes. Con 62 años y una menuda estatura, Miriam trabaja entre 10 y 12 horas diarias arreglando zapatos en la calle Factoría. El oficio le viene de tradición familiar. Comienza su jornada a las 7 de la mañana y hasta bien entrada la noche no termina de dar la última puntada en una vieja máquina. Dice conocer bien sobre la hostigación de inspectores y agentes de la ley, pues ella misma en varias ocasiones ha sido conducida hacia el sector policial, para explicar el origen del material con que trabaja.

En el anuario de 2018, la Oficina Nacional de la Estadística y la Información (ONEI), registró que 621.268 personas trabajaban de manera independiente. La tendencia en el último trimestre de 2019 fue un aumento del 31 % en este sector, que incluye también a las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias. Según Rogelio Acosta, emprendedor de la capital, “el aumento de trabajador por cuenta propi se debe a que percibe más salario el que trabaja por cuenta propia que lo que paga el estado”.  

Rogelio es carpintero restaurador, se jubiló hace 12 años en el sector estatal: trabajaba para la Oficina del Historiador de la Ciudad. Pero dice que vivir de su pensión es insostenible, pues solo recibe 450 pesos moneda nacional, unos 18 dólares al mes, que solo le alcanzan para sacar los productos básicos de la bodega. Por eso en 2013 solicitó una licencia para reparar muebles en un pequeño taller que habilitó en el garaje de su casa en la calle Orelly. Él y su esposa son clientes de Richard, a menudo le encargan algún que otro pastel, sobre todo en ocasiones especiales. Cuando conoció la noticia del arresto y de decomiso de Richard, lamentó que los emprendedores cubanos tengan que trabajar en semejante situación.

“Ni las multas, ni los decomisos me van a detener, tirar la toalla no es una opción para mí”, asegura Richard, quien luego de varias horas de entrevista policial, fue puesto en libertad con una multa de 1.000 pesos moneda nacional y el decomiso de la mercancía valorada en 60 dólares, unos 1.500 pesos, el jornal de todo un día.

Richard asegura que este incidente por parte de oficiales e inspectores no es un hecho aislado y que en medio de la pandemia ha sido multado en tres ocasiones, sin derecho a reclamar las multas: “He tenido que pagar más de 4.000 pesos moneda nacional (unos 150 dólares) por estar estacionado y en combinación con los inspectores hubo un momento que me quitaron la licencia”

Pero Richard dice que seguirá dando pelea y a pesar de las inspecciones que le amenazan, continúa trabajando. Tiene esposa y un hijo de un año y siete meses que mantener, no se detiene a pensar en los tropiezos, por eso va reinventando su estrategia sobre la marcha. No puede darse el lujo de ser parte de los 1,5 millones de cubanos (casi el 10% de la población total) en edad laboral que no tienen un empleo formal.

Este artículo fue producido en el marco del Laboratorio de Periodismo Situado