La cantidad de familias viviendo en espacios precarios ha aumentado un 78 por ciento desde 2019. Según un catastro nacional de campamentos, hasta marzo de este año hay 81.643 familias que viven en esos asentamientos.

—Yo salí de la casa de mi mamá para otra cosa, pero aquí tengo lo mío. Puedo recibir visita y servirle en mi taza, prestarle mi baño. Y no el de mi suegra.

Mileni Herrera tiene 37 años. Desde enero vive con su pareja en el campamento Los Espinos en la comuna de Quilpué, a 133 km de Santiago de Chile. Lleva el pelo recogido y la mascarilla baja. Acaba de subir caminando hasta la cima de una ladera, desde donde se puede apreciar todo el campamento y todavía está agitada. 

Toda su vida, Milani arrendó o vivió transitoriamente en casas ajenas, hasta que la pandemia la dejó sin trabajo.

—Y entre comer y arrendar, yo prefiero comer —dice. 

El año pasado, con la indemnización que recibió cuando la despidieron como reponedora de supermercados, y con la Ley que permitió los tres retiros de fondos de pensiones, comenzó a construir una casa -su casa- en ese asentamiento irregular en el sur de Quilpué.

El proceso no ha sido fácil. En el campamento viven otras 110 familias. 

—Te encuentras con todo tipo de gente. Es cosa de que escuches —dice, mientras recorre con la vista todo el entorno.  

De fondo, el sonido de un reguetón se mezcla con el ruido de martillazos. Desde la cima de la ladera, Milani señala su casa.

—Mi sector es familiar. Los otros no —dice—. Hay personas que vienen saliendo de la cárcel, pero no tienen faltas graves. Algunos por reincidencia por drogas. Pero violadores, no. A ellos no los aceptamos.

También -cuenta- ha sido duro “hacer las necesidades en un tarro o iluminarse con velas”. Eso fue al principio. Ahora cuentan con baños ecológicos -separan aguas grises de heces- y están colgados de la luz y el agua.

La realidad de Mileni y su pareja se replica en todo el país. La cantidad de familias viviendo en campamentos ha aumentado un 78 por ciento desde 2019. 

Según un catastro nacional de campamentos realizado por TECHO-Chile y Fundación Vivienda, hasta marzo de este año 81.643 familias viven en estos asentamientos. Dos años antes, según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), eran 47.050.   

El informe califica este incremento de “histórico” y lo explica del siguiente modo: más que el número de campamentos (que pasó de 802 a 969), lo que más ha aumentado es el número de familias viviendo en ellos. Si antes vivían, en promedio, 77 familias en cada uno, hoy viven 139.

La región que lidera en número es la de Valparaíso, donde viven Mileni y su pareja. Concentra el 29,2% de los casos. Después le sigue la Región Metropolitana -donde está Santiago, la capital-, con el 23,8% de los asentamientos.

La mayoría de las veces, como le pasó a Mileni, las familias deciden trasladarse a los campamentos por motivos económicos y laborales. Según informó el Minvu por Ley de Transparencia a este medio, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, organismos locales le han reportado la formación de 92 nuevas tomas: 28 en la Región Metropolitana y 4 en la de Valparaíso. 

También está el caso de los migrantes, que representan las tercera parte de las familias en estos asentamientos. Una de las principales causas es la dificultad extra que tienen para acceder a programas estatales de acceso a la vivienda. Sólo el 3% de este tipo de ayudas son asignadas a extranjeros.

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La madrugada del Año Nuevo, la venezolana Digmara Colina, de 34 años, y su hija, de 7, entraron a Chile. Era la quinta vez en nueve días que atravesaban -junto a otras 20 personas- una frontera por pasos clandestinos. 

Antes habían cruzado de Venezuela a Colombia. De Colombia a Ecuador. De Ecuador a Perú y de Perú a Bolivia. Un autobús las dejó cerca de la frontera con Chile. 

—Cuando llegamos tuvimos que esperar, porque había Carabineros devolviendo a la gente. Así que hicimos lo mismo que en las otras fronteras: evadimos el retén. Mientras la policía paraba al grupo que iba más adelante, nosotras nos fuimos por detrás, por un monte, hasta llegar a Colchane —dice como quien habla de algo que le pasó a otra persona— . 

A diferencia de los 138 migrantes que el gobierno de Chile expulsó en febrero, ellas lograron atravesar el desierto frío, a 3.700 metros sobre el nivel del mar.

—Ahora la niña puede ver a su papá —dice Digmara con una sonrisa.

Juan, el papá, también es venezolano. Pudieron reunirse con él recién dos semanas después de cruzar a Chile, tras una cuarentena en una residencia sanitaria en una escuela de Colchane. Los tres se encontraron 1.553 km más al sur, en la turística Viña del Mar, donde Juan, que es carpintero, está construyendo una casa en una toma, a unos 12 km del asentamiento donde vive Mileni, en Quilpué. Ambas comunas forman parte de una misma conurbación, junto con el puerto de Valparaíso. 

Viña, con su eslogan de “ciudad bella”, tiene 73 campamentos: 58 vigentes y 15 cerrados, informó el Minvu vía Ley de Transparencia. Con sus 334.248 habitantes (Censo 2017), es además la comuna más populosa de la Región de Valparaíso, zona del país que tiene “más familias y campamentos” y donde “el porcentaje de familias migrantes es de un 8.4%” agrega el castro de TECHO-Chile y Fundación Vivienda. 

Juan lleva 10 meses construyendo su casa en un terreno de 10 x 20 metros que le consiguió un amigo. En ese campamento viven otras 95 familias, casi todas migrantes. Ellos saben que es difícil que vayan a expulsarlos. El terreno es privado y según la legislación chilena, el propietario tendría que iniciar un juicio para, eventualmente, poder desalojarlos.

En la Región de Valparaíso, la fiscalía contabiliza 51 causas por usurpación, loteos y asentamientos irregulares en el Gran Valparaíso. Treinta y una de ellas corresponden al 2020. En lo que va del año (enero-marzo) se han sumado otras 20.  El 40% de estas investigaciones se encuentra en Viña del Mar -donde construye Juan- y el 21% en Quilpué -donde vive Mileni-. 

“Las tomas, como fenómeno social, no suponen que por cada uno de esos eventos la Fiscalía haya recibido una denuncia”, aclaró a este medio la fiscal regional Claudia Perivancich. La fiscal dijo que prestan especial atención cuando “la toma de terrenos se vincula con delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o delitos de homicidio”. 

En el campamento Felipe Camiroaga, el segundo más grande de Viña del Mar, un vecino -que pidió preservar su identidad- cuenta que las tomas en las quebradas del asentamiento han aumentado. Lo que a él y a su esposa les inquieta es que lleguen nuevos narcotraficantes y que el sector donde viven pierda la tranquilidad que han logrado mantener hasta ahora.

Según el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, la toma de terrenos es la forma más lenta de conseguir una vivienda definitiva.

Dado el aumento de tomas (164 nuevas desde septiembre) en marzo anunció el plan “100+100” (2021-2024), que consiste en regularizar 100 asentamientos por año mientras se cierran otros 100. El gobierno cifra el déficit de viviendas en 500 mil. Otro estudio de Techo-CHILE informa que la misma cantidad de familias (500 mil) estarían a un paso de trasladarse a un campamento o toma. 

El sueño del vecino del campamento Felipe Camiroaga es vivir en un barrio seguro, con conexiones de agua potable, luz y alcantarillado. El de Mileni Herrera, que en el sector del campamento donde vive “cada uno pague su terreno y pasen a ser dueños. Poder urbanizarnos”. Así podrán acceder a alcantarillado y tener calles pavimentadas que eviten quedar aisladas cada vez que llueve.

Este artículo es parte de El último techo, un especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado.