POR TANIA TAPIA JÁUREGUI
ILUSTRACIÓN FEDERICO MERCANTE

Los mensajeros de Rappi son los nuevos héroes de esta crisis: cada día pedalean Bogotá unas diez horas para llevar comida y medicinas. La mayoría son venezolanos sin permiso de residencia. Están en riesgo de contagio y no tienen cobertura de salud. Pero eso no es lo que más les preocupa, sino el plato de comida para su madre en Maracaibo.

La 44, que en otros días estaría atestada de carros tratando de llegar a la Avenida Caracas, está vacía. Juan*, un joven venezolano de 21 años pedalea por la mitad de calle cargando a cuestas el maletín naranja gigante que lo identifica como un domiciliario de Rappi. Solo se le ven los ojos, lo único que queda descubierto entre el tapabocas negro y la gorra. Sus manos, envueltas en guantes de látex negro.

Juan es una de las pocas personas que tiene permiso para transitar en Bogotá. Desde el 24 de marzo, el Gobierno de Colombia decretó la cuarentena nacional, una medida frente al coronavirus que, al cierre de esta nota, llevaba 491 personas infectadas y seis fallecidas en el país. La cuarentena, que va hasta el próximo 13 de abril, exime 34 actividades para las que sí se podría salir, incluyendo labores de vigilancia, abastecimiento de comida o medicamentos y servicios de domicilio como Rappi.

El resultado son kilómetros de calles vacías en una ciudad de 8 millones de personas. Entre los pocos que transitan las avenidas abandonadas de Bogotá, la mayoría llevan el naranja distintivo en sus espaldas.

—Lo de Rappi lo estoy haciendo por necesidad, llevo apenas tres días —dice Juan.

Antes de la cuarentena trabajaba en un local de productos venezolanos. Trabajar en Rappi fue la única opción que le quedó. Vive en Colombia hace casi año y medio. Juan es uno de los 1,7 millones de venezolanos que han llegado al país y uno de los 600.000 que el gobierno calcula están en situación de irregularidad. Para muchos de ellos, asentados en las capitales, Rappi es la plataforma en la que se puede sortear la ausencia de permisos laborales.

—Yo estoy acá ilegal porque cuando llegué a migración no pude sellar mi pasaporte, no me leyó el chip. Con temor me arriesgué y llegué hasta acá —cuenta durante un breve recreo en la ciudad fantasma.

Según un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el 57% de los domiciliarios de Rappi son venezolanos, aunque fuentes de Rappi han asegurado que el número podría estar entre el 80 y el 90%. El estudio asegura que el 59,7% de los domiciliarios son los responsables económicos de su núcleo familiar, que el 83,6% son hombres y que trabajan unas 10 horas al día (dos horas más que sus colegas colombianos). Además, el 53,9 % de los trabajadores de Rappi en Colombia no están afiliados a servicios de salud.

—Uy, ahí sí no sé —responde Juan a una pregunta que no parece habérsele ocurrido antes: ¿qué haría si termina contagiándose del virus y necesita atención médica?

—Creo que a lo mejor debe haber un beneficio para los extranjeros sin permisos. Me imagino que la embajada de Venezuela debe encargarse de eso —duda.

No hay respuestas oficiales a esta nueva duda: hasta hoy, no ha habido mención, ni por parte del Gobierno Nacional ni de la Alcaldía de Bogotá, sobre la atención en salud que podrían recibir los migrantes venezolanos.

Mientras el silencio y la incertidumbre siguen siendo la constante sobre el tema, por las calles abandonadas de Bogotá grupos de jóvenes venezolanos se sientan en las aceras esperando el próximo pedido. Mientras la calle para muchos es un espacio hostil sinónimo de contagio, para cientos de migrantes transitar es la única forma de generar ingresos ofreciendo un servicio que en la cuarentena es aún más solicitado. Ellos se quedan en la calle para que la mayoría se quede en la casa.

Él también se cuida. Señala el tapabocas, menciona un antibacterial, muestra sus guantes y dice que muchos usuarios tienen sus propias medidas de prevención. Ahora tiene que seguir trabajando. El teléfono se ilumina con un nuevo pedido y, de nuevo, la ciudad se abre casi vacía para él.